El proceso judicial por el vertido tóxico en la localidad sevillana de Aznalcóllar vuelve a su punto de partida, catorce años después. El Tribunal Supremo ha decidido devolver a un juzgado la demanda de la Junta de Andalucía contra la empresa Boliden. El Gobierno andaluz reclama 89 millones de euros a la multinacional sueca por los gastos de limpieza del vertido. El Supremo reconoce que es un caso de 'peregrinaje judicial'.
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